La restricción y el control de
libertades para mantener el orden público y evitar actos delictivos ha hecho
carrera en nuestro país desde hace ya varios años, esta medida fue copiada en muchas
ciudades después que tuviera éxito en Medellín y Bogotá como herramienta para
controlar el sicariato en épocas en que el narcotráfico desbordaba la capacidad
de acción del estado con sus instituciones para enfrentarlos, en los años 90 y
se llegó incluso a controlar la venta de motocicletas de alta cilindrada. Cabe
resaltar que en Pereira la medida inicio en el año 2008 cuando el Alcalde
Israel Londoño decretó la restricción debido a que la tasa de homicidios era de
90 personas por cada 100 mil habitantes,
siendo la más alta del país para esa época y en su mayoría los asesinatos eran cometidos
desde motociclistas,
La realidad hoy día es otra, la caída
de los grandes carteles de la droga ya ubica a las bandas de micro tráfico en
barrios periféricos y bandas criminales en zonas rurales como los mayores
enemigos de la seguridad ciudadana, y el año 2014 la tasa de homicidios fue apenas
de 41 homicidios por cada 100 mil habitantes, más baja que el promedio
nacional, lo que implica que se deben refinar los modelos de intervención con
los que los órganos de seguridad deben afrontar la problemática delictiva local.
No obstante lo anterior, se sigue
imponiendo una medida tan discrecional y arbitraria (además de discriminatoria)
como la restricción al uso de parrillero hombre en la ciudad de Pereira sobre
la tesis de la dirección de policía metropolitana, que ayuda a controlar los
niveles delincuenciales, y que de no firmar el burgomaestre local la medida,
eso incrementará inmediatamente los actos delictivos como el robo, el fleteo y
el sicariato. Los efectos de este tipo medidas sobre la población son
considerables, pues en muchos casos las personas que poseen motocicleta tienen
que asumir costos adicionales en su ya precaria economía para que sus hijos,
hermanos y padres tomen transportes alternos, lo que lesiona de alguna forma la
economía familiar, y por ende, toda la economía local.
Con el ánimo de alimentar el
debate público sobre lo que debe ser la estrategia de seguridad de la actual administración
haré algunos comentarios y precisiones al respecto, siempre con el ánimo de
aportar criterios a la hora de hacer juicios y emitir opiniones.
Como primera aspecto, hay que
recordar que el estado a través de las secretarías de tránsito en lo local y el Ministerio de Transporte con
el RUNT en lo nacional tienen la información detallada de cada vehículo que
transita por el territorio nacional, y existe información suficiente y
detallada sobre los perfiles de los vehículos usados para cometer delitos, lo
que nos dice que ya es posible identificar e individualizar de manera efectiva
dichos patrones porque existe información sobre el propietario, la dirección de
residencia y los datos de identificación del vehículo como para que se pueda
segmentar y georreferenciar su ubicación, y promover investigaciones serias en
la materia.
Como segundo aspecto, si algo
debe reconsiderar la Policía Nacional de cara a una sociedad en postconflicto,
es que debe refinar sus estrategias de lucha contra la delincuencia para ser más
efectivas, y esto no debe pasar únicamente por la restricción de libertades
constitucionales, que afectan una gran porción de población civil porque como
ya lo precisó el Concejo de Estado al derogar el decreto 480 de 2008 "No puede dejar de enfatizarse el
vínculo entre las libertades y derechos fundamentales y el carácter excepcional
y temporal de sus restricciones". Se deben considerar en todo caso
alternativas como la creación de grupos especiales de seguimiento a los
automotores usados en actos ilegales, la intensificación del patrullaje, la conformación
de frentes de seguridad ciudadana u otros similares.
Como tercer y último aspecto a
considerar, está el hecho cierto de que como sociedad tenemos la imperativa
necesidad de empoderar a la población sobre su participación en la solución de
las problemáticas que la aquejan, es por esto que se debe en mi opinión derogar
la medida e iniciar campañas de sensibilización ciudadana sobre lo importante
que es denunciar los delitos asociados al uso de motocicleta por parte de los
mismos motociclistas, algo muy similar a cuando hace algunos años se empezó a
pensar en incorporar a las redes de seguridad ciudadana a los taxistas, nadie más
interesado en ayudar a erradicar este tipo de delitos, que los mismos
afectados.
la alcaldía municipal ha hecho pública
su posición al respecto, dando a entender que está dispuesta a levantar la
medida luego de revisar todos los puntos de vista y escuchar a todos los
actores, en el comunicado difundido se ha precisado que "Como en todas las decisiones que tomamos en la alcaldía en la
cabeza de Juan Pablo Gallo, queremos
conocer todos los puntos de vista para tomar una decisión", y además
se enfatizó que "Esta medida no es
revisada a la ligera, es precisamente una medida que tiene que ver mucho con la
seguridad ciudadana". Por su parte el Concejo Municipal en sesión del
18 de Febrero realizó un debate que se centró en las tarifas de servicio público
como alternativa al transporte en motocicleta, la estigmatización de los
motociclistas a partir de la medida de restricción del parrillero hombre y el
futuro de esta medida. En el comunicado de prensa del mismo ente se resaltan
las posiciones del Concejal Pablo Giordanelli
que defendió el derecho a la libre movilidad y a no dejarse llevar por “supuestos”
a la hora de evaluar la posibilidad de levantar estas medidas, y del concejal
Maicol Lopera que opinó que es necesario
que las autoridades tengan en cuenta los indicadores presentados para tomar una
decisión sobre la medida y revisar si es válido o no el desmonte de la misma, “está comprobado que con esta se afecta un
99 % de los motociclistas. Teniendo en cuenta que solo para el 2015, 24
homicidios ocurrieron desde una moto, mientras que los motociclistas llegan a
63 mil, es decir, la cifra de los que incurrieron en muertes violentas
corresponde solo al 0.4 de la totalidad".
Por su parte, la policía metropolitana
mostró en dicha sesión del concejo municipal, las cifras que avalan su petición
de continuar con la norma, toda vez que la restricción termina este 29 de
febrero del presente año. Según el Coronel Escobar, "De
152 homicidios en 2015, 24 ocurrieron desde una moto, así que lo que vemos es
que esta medida preventiva de las restricciones ha funcionado. En cuanto a
fleteos de 83 que hubo en el 2012 se pasó a 33 en 2015”. En este sentido se
mostró más interesado en que se gestionen permisos especiales que le den
gradualidad a la norma.
Finalmente, este es un tema que
debe tener el suficiente debate e ilustración necesarias para que se logre un
consenso y te asuman entre todos los actores las nuevas medidas para que de la
mano de la recuperación de la libertad del parrillero, también se apoye a las
autoridades en general a erradicar los delitos realizados en motocicletas
promoviendo la denuncia, la entrega de información y colaboración efectiva.
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