LA CULTURA COLOMBIANA Y SU IMPACTO EN EL ENTORNO LATINOAMERICANO.

En alguna de las tantas charlas que he sostenido para tratar de entender la génesis de la violencia en Colombia y los factores que contribuyen a su perpetuación, leí un artículo periodístico de un diario de nivel nacional sobre porqué Colombia era el mayor productor de drogas del mundo. Les pido mil disculpas por no citar debidamente el texto, pero la verdad hace ya tiempo y no tuve la precaución de guardarlo. En su argumentación, el columnista enumeró uno a uno los factores que a su juicio hacían único a este país para ostentar semejante título, desde su ubicación geográfica, su clima, la calidad de sus suelos, el acceso a mercados, facilidad de transporte, la falta de legislación al respecto, debilidad de las fuerzas armadas en su lucha contra esta actividad ilícita, etc. 

Las conclusiones del artículo en cada aspecto no las recuerdo muy bien, pero la verdad, no fue ninguna de las que anteriormente mencioné, la causa por la cual el narcotráfico es una actividad  tan arraigada en nuestra sociedad, no solo promoviendo y financiando el conflicto armado, sino como base y punto de partida de una gran cantidad de actividades ilícita que afectan no solo a nuestro pueblo, sino a los países que nos rodean, es según el columnista nuestra cultura; entendiendo por cultura todo lo que nos define, nos determina, nuestro pasado y nuestro presente, las instituciones que hemos creado y los valores que forjamos como sociedad en ya más de 200 años de vida republicana. Para ser escueto, ser colombianos.

Lo anterior lo traigo a colación para hablar del anticolombianismo, como lo titulo la revista semana en uno de sus artículos del día 22 de este mes, yo lo llamaría más bien xenofobia, o bien discriminación. Para nadie es un secreto que en muchos países del mundo nos “temen” (como se escucha literalmente), se nos colocan trabas para la obtención de una visa, un permiso de trabajo o para el ingreso; incluso hay protocolos especiales para viajeros colombianos en aeropuertos extranjeros con controles específicos (aún sin sospechas) y revisiones exageradas de equipaje, entrevistas personales con cuestionarios de preguntas realmente indignantes para cualquier desprevenido turista y que en otras latitudes desatarían los más duros reclamos diplomáticos. Pero esto no es gratis, tristemente, al parecer la diáspora Colombiana en el exterior que huye de la violencia, no solo lleva sus maletas llenas de pertenencias e ilusiones, sino también, nuestra cultura, esa misma cultura que ha permitido al narcotráfico apoderarse de gran parte del país (en todos sus aspectos) y que ha perpetuado un conflicto pírrico durante más de 50 años.

Según datos de la cancillería colombiana, publicados por semana en el artículo citado, hay 4,7 millones de colombianos en el exterior de los cuales 1.626.000 están en los Estados Unidos, 1.080.000 en España y 185.000 más en el resto de Europa, 940.000 en Venezuela, 350.000 en Ecuador, 65.000 en panamá, 94.000 en Canadá, 58.000 en todo Asia, 51.000 en México  e igual cifra en Costa Rica, Australia con 25.000 y casi 40.000 en el Reino Unido para solo mencionar los más llamativos. De los destinos que últimamente han elegido los colombianos para emigrar son Argentina con 50.000, chile con 27.000, Perú con 10.000 y Brasil con 7.000 emigrantes registrados. Sin duda son muy pocos los colombianos que de este mar de exiliados delinquen, sin embargo, han logrado exacerbar el sentimiento de rechazo de toda la comunidad por el impacto de sus actividades.

El último caso registrado en este sentido fue el de 12 viajeros colombianos que fueron físicamente expulsados del aeropuerto internacional argentino de Ezeiza en Buenos Aires, cuando sin ingresar a la aduana les fue notificada la decisión de negarles el ingreso a este país. Como lo dije anteriormente, esto no es gratis, el gobierno argentino solicitó extremar los controles a las autoridades migratorias a raíz de la captura de un grupo de colombianos que intentaron hacer algo que aquí se denomina “paseo millonario”, en el cual al parecer la víctima sería nada más y nada menos que un alto funcionario del gobierno de ese país. El debate no se ha hecho esperar y en los medios de comunicación se atiza lo que parece ser una oleada de discriminación infundada contra todos los emigrantes con estigmatizaciones como narcotraficantes, sicarios, prostitutas y ladrones, además de los chistes de mal gusto sobre el país. Pero esto es un hecho evidente no solo en Argentina;  en Venezuela, un país con tradición de migración colombiana, los cambios sociales y de gobierno han exasperado los ánimos contra nuestros nacionales, a quienes tildan de estar en favor de los imperialistas, de ejercer el fascismo e incluso por el solo hecho de ser colombianos (paramilitares). De hecho, no hay día en que no se tilde a los colombianos de planear un intento de asesinato contra el presidente, de asesinar a toda clase de dirigentes, y últimamente, del desabastecimiento de alimentos en ese país por el contrabando.

Otros países como Panama, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia tienen casos parecidos, y tanto las autoridades como las comunidades toman cartas en el asunto, incluso se han realizado marchas en contra de los colombianos y funcionarios públicos hacen comentarios descalificadores en medios masivos contra nuestras mujeres. Para terminar de completar estos “clicles” en contra de nuestros compatriotas, aparentemente, esta estigmatización se podría estar dando a través de los mismos medios con las tan famosas narconovelas; los mismos seriados que en clara apología al delito y la impunidad, difunden las “hazañas” de nuestros más populares capos, cosa que no ayuda mucho cuando se des-configura tanto la realidad y no se conocen ni se les da importancia a la historia y los contextos.

Alguien me dijo un día en una charla de café, que “los colombianos llegamos tarde a todo, incluso a la globalización, y que por las pocas cosas que quedaba por hacer, somos buenos en lo que restaba por hacer”, es decir, somos buenos produciendo y traficando drogas, formando redes de tratas de blancas internacionales, bandas de delincuentes en otros países, redes de lavado de dinero a base de préstamos “gota a gota”, organizaciones de contrabando internacionales, oficinas de cobro y sicariato, etc, etc. Haciendo un poco de memoria de todas las cosas que he tenido que ver y vivir en este país, estuve tentado a darle la razón a mi amigo, sin embargo, en ese momento recordé el artículo de periódico que explicaba las causas culturales que hicieron que negocios como de ese tipo hicieran mella en la sociedad colombiana, recordé que el grito de independencia se hizo a partir de un altercado con un florero, que los partidos más tradicionales de este país promovieron abiertamente la violencia contra sus opositores y que cuando todo se salió de las manos negociaron en un hotel en España la división milimétrica del manejo del estado para zanjar las diferencias y terminar el desangre fratricida, que campesinos se alzaron en armas para exigir el acceso a las tierras para su sustento y la dirigencia sorda y ciega de este país prefirió combatirlos abiertamente con el beneplácito de terratenientes, lo que generó el nacimiento de movimientos de guerrillas que con los años y el acceso al narcotráfico como fuente de financiación instauraron un reino de terror que nos ha bañado en sangre, costado miles de millones de dólares y masacrado cientos de miles de personas humildes (sin contar los millones de desplazados), que estos grupos armados o ejércitos del pueblo como se hacen llamar no reivindican a ningún grupo social, ni indígena, ni afrodescendiente, incluso ni a los campesinos que los fundaron, que han minado los campos, destruido y contaminado nuestras selvas, además de reclutar forzosamente a nuestros compatriotas más débiles, y aun así gozan de estatus de beligerancia y el beneplácito de algunos gobiernos extranjeros, por lo que seguramente tendremos que tragarnos algunos sapos si es que de vedad queremos que se termine el conflicto, igualito que con los paramilitares en el gobierno anterior.

Pero si por un lado llueve, por el otro no escampa; con una disculpa tan tonta como el desagravio con un florero se emancipó la nación, y desde sus inicios se debatió entre dos bandos casi irreconciliables por el dominio del poder, todos ellos de “puros criollos”, que nos siguen gobernando, delfines de gran tamaño que protegen elites, gestionan subsidios, permean instituciones  y hacen lo que le da la gana con el erario público, usan costosas camionetas blindadas para realizar actos sexuales en vías públicas, implantan micos en las leyes para beneficiarse con altas pensiones o favorecen a sus familiares con pequeñas “zonas francas”, incluso llegaron a proponer en algún momento la reducción de corruptelas a “sus justas proporciones”.

Lo que hay arriba no es mucho mejor que lo que se vislumbra abajo, mientras más del 50% de la población no vota en franca apatía con lo que consideran el desmoronamiento de la moral pública y los malos manejos por parte de nuestros líderes, se pasan semáforos en rojo, piratean la señal de TV cable o se postulan para beneficios del estado aún sin ser merecedores de ellos por su condición social, eso sin contar la evasión descarada de los impuestos, o el uso de dádivas o sobornos para saltar filtros de control de estado. En fin, como decía, nuestra hermosa cultura, colorida, diversa en ritmos musicales, gastronomía, visiones de mundo y de vida, pero también rica en individualismo, en francos desacatos a los valores colectivos, al irrespeto a las reglas de juego sociales y a la convivencia, eso mismo que nos hace sobreponernos a la adversidad constantemente y que además nos hace el país más feliz del mundo.    

Debido a la importancia del tema de la paz y lo que ello significa para nuestra sociedad, y porque actualmente se está hablando cada vez más a menudo (a favor o en contra) sobre el tema en medios de comunicación y espacios políticos, quiero hacer algunas reflexiones sobre el conflicto para aportar en algo a la necesaria discusión del tema desde todas las miradas, con el afán de dar elementos juicio a todos aquellos que tengan la oportunidad de leer este blog, luego retomaré otros temas y agendas relacionadas con el desarrollo regional.

EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA DEL POSCONFLICTO

Hace algunos días salió a la luz pública a través de medios noticiosos, una iniciativa del Concejo de Bogotá en pleno de buscar por intermedio de mecanismos de participación popular contemplados en la ley 134 de 1994 (recolección de firmas) la eliminación del servicio militar obligatorio en nuestro país, esta iniciativa fue inmediatamente apoyada por organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y civiles.

La iniciativa, propone la alternatividad de prestar un servicio social obligatorio para hombres y mujeres como sustituto de forzoso servicio militar obligatorio establecido en la constitución política de 1991 en su artículo 216 (Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas).

Pero el concepto de servicio militar obligatorio no inicia con la constitución de 1991, sus inicios se remontan a la ley 167 del 31 de diciembre de 1896, que en su artículo uno contempló: “Todo ciudadano Colombiano comprendido entre los veintiuno y los cuarenta años de edad está obligado a prestar el servicio militar en el Ejercito activo y en las reservas o milicias…”, sin contar los múltiples cambios registrados entre esa primera iniciativa de 1896 y la definición vigente en la Constitución de 1991

Actualmente el servicio militar obligatorio es reglamentado por la ley 48 de 1993 con ajustes de forma en leyes 1106 de 2006, 548 de 1999, 642 de 2001, 1184 de 2008  y los decretos 2150 de 2006, 128 de 2003, 2124 de 2008, 0019 de 2012, 2048 de 1993, así como la sentencia C-879 2011. Lo anterior no tendría mucha relevancia si no fuera porque Colombia ha estado buscando la paz literalmente, casi desde el mismo momento en que se cristalizó su independencia como Colonia de España, pero ha sido un país en constante conflicto con numerosas guerras fratricidas durante sus primeros años como nación y en su conformación de república y más marcadamente en los últimos 50 años con el nacimiento de múltiples iniciativas insurgentes y la combinación de estos intereses con la producción y tráfico de sustancias narcóticas como medio de financiación para grupos de interés con fines de beligerancia.

El gobierno actual se ha propuesto como meta lograr la firma de acuerdos de fin del conflicto y dejación de armas por parte de los grupos insurgentes a cambio de proceso de negociación donde se logren los cambios necesarios para subsanar los motivos que generaron el levantamiento en armas y un retorno digno a la vida civil por parte de los combatientes, en el entendido que es más costoso para el país seguir en guerra que firmar “acuerdos de paz” con prerrogativas que detendrían el derramamiento de sangre y demandan ingentes cantidades de recursos tanto económicos como humanos,

En este contexto, y como parte de la preparación para lo que significará el Postconflicto y el inicio de un proceso de pacificación de la sociedad Colombiana se hace necesario poner algunos temas en debate y con el debido rigor sentar posición respecto de ellos.

El servicio Militar obligatorio es una forma que tiene cualquier estado para proveer a sus fuerzas militares del suficiente pie de fuerza para afrontar cualquier amenaza a la que se enfrente dentro o fuera del territorio, y presenta tanto ventajas como desventajas, como principal ventaja se puede aducir que es una forma económica de mantener un nivel alto de tropas, es un servicio obligatorio en donde no se reconoce un salario como tal por cada combatiente y se puede centrar la inversión solo en los aspectos más relevantes de las operaciones como entrenamiento y equipos, así como la logística necesaria. Como desventaja principal se puede exponer que el nivel de entrenamiento que puede recibir un combatiente antes de ser útil dado que su tiempo en las filas es perentorio es bajo si se espera que sea productivo y que además esto le da una alta vulnerabilidad frente a combatientes de los grupos armados que normalmente llevan más tiempo en el teatro de operaciones y lo conocen mejor. Pero no me centraré en el aspecto técnico inherente a las fuerzas armadas, lo cierto es que desde hace ya algún tiempo el estado se percató que era más adecuado llevar soldados profesionales al campo de combate, mejor entrenados y equipados, altamente motivados y no llevar jóvenes que cumplen mayoritariamente un servicio no voluntario y que asumían múltiples riesgos que la mayoría de las veces les generaban secuelas de por vida.

Como es de países en conflicto permanente como Israel el servicio militar obligatorio, y no de países en postconflicto como lo quiere ser Colombia, viene entonces a tomar fuerza el debate sobre la conveniencia continuar obligando a nuestros habitantes a cumplir un servicio militar, exponiendo jóvenes poco entrenados en zonas donde las fuerzas insurgentes se camuflan con la población local que mantiene amedrentada, o si por el contrario se profesionaliza toda la fuerza de cara a un postconflicto con problemas de orden público cada vez más localizados pero a la vez más peligrosos, donde la línea entre narcotráfico, empresa criminal y grupos alzados en armas es cada vez más invisible, generando secuelas físicas y psicológicas en nuestra juventud; más aún si como se espera que suceda, la firma de acuerdos de fin de conflicto nos obligue también a replantear el tamaño de las fuerzas militares y su distribución en el país contemplando que el remanente de dichos grupos que no se desmovilice serán en la práctica “bandas criminales”.

Según el documento del Ministerio de Defensa “Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad”  publicado el mes de agosto de este año, el número de miembros de la fuerza pública asesinados en actos de servicio en el año 2013 fueron 361 y en lo que va del presente año hasta el mes de agosto ya son 196. De estos, en el 2013 fueron 193 soldados y en lo corrido del año hasta agosto son 109 soldados, lo que demuestra el alto nivel de peligrosidad que implica para un joven colombiano sometido a cumplir un servicio obligatorio al estado por el modus operandi de los bandidos que se valen de múltiples estrategias incluso usando armas y métodos condenados por la convención de Ginebra.

En cuanto a heridos en combate, durante del año anterior, fueron 1.848 miembros de la fuerza pública de los cuales en el periodo enero-agosto 546 fueron soldados, y en lo corrido de este año hasta el mes de agosto ya van 1.398 miembros de la fuerza pública heridos, y de estos 295 son soldados. Sin hacer eco del número de estos heridos que son víctimas de minas antipersona, todos estos soldados, en su mayoría jóvenes de bajos recursos que quedaran con secuelas de la guerra en una nación que aspiramos a que se pacifique y pueda lograr niveles adecuados de convivencia y prosperidad.

Ya es abultado un pie de fuerza pública entre policía y militares de 455.461 miembros según                 para un país como Colombia, que solo es superado en el continente por Estados Unidos, y es necesario empezar a debatir cómo se reacomodará la fuerza pública de cara a un futuro postconflicto en donde necesariamente, como se ha visto hasta el momento, la desmovilización hace estragos en la seguridad de las ciudades y se reduce el accionar en las áreas rurales y selváticas.

En el año 2013, en Colombia se presentaron 14.782 homicidios, y las muertes causadas directamente por los efectos del conflicto armado no superan el 1% de dicha cifra, lo que indica que la pacificación del país pasa también por aspectos altamente simbólicos que demuestren a esta sociedad que es hora de cambiar de actitud frente a la vida y frente a los demás ciudadanos de este territorio, promoviendo el respecto, la tolerancia y la colaboración mutua como medio para sacar adelante a Colombia, acaso por esto no es hora de terminar con un servicio militar obligatorio que promueve la solución armada por encima de la negociación?, no es una forma de dar señales adecuadas a la sociedad, dejar en manos de soldados profesionales dedicados exclusivamente a esta labor la protección de la soberanía nacional?, no es más altruista y constructivo permitir que mediante otros servicios comunitarios obligatorios para todos (hombres y mujeres) se retribuya a la sociedad y al estado y se aporte a la solución de la gran cantidad de desigualdades que nos deja esta larga y cruenta guerra intestina?.

POLÍTICAS SOCIALES PARA UN VERDADERO POSTCONFLICTO.

Ha hecho agua últimamente que se hable del postconflicto en Colombia y de las múltiples reflexiones que debemos hacer como sociedad luego de acoger un fin del conflicto si se llegan a firmar acuerdos entre el estado Colombiano representado por el gobierno actual y los grupos insurgentes existentes hoy en el país. La reflexión hecha en este sentido da cuenta que tenemos muchos más problemas que simplemente firmar un acuerdo de paz con dos grupos “guerrilleros” y que pacificar la nación será un proceso largo y tortuoso como lo ha sido el conflicto mismo.

Primero hay que recordar, que si bien Colombia está en conflicto con facciones armadas beligerantes desde hace más de 50 años producto de problemas sociales no resueltos, aquí mueren más conductores imprudentes y borrachos, además de peatones inocentes,  que soldados, policías y guerrilleros juntos en un año de enfrentamientos bélicos con todo lo que eso significa, e incluso considerando que en cuanto a la degradación del conflicto, existe una combinación de formas de lucha que hace que existan campos minados, emboscadas, ejecuciones extrajudiciales y demás formas de ataque entre los actores armados, pero ni aun así, las cifras del conflicto son capaces de superar la cantidad de heridos por riñas, peleas familiares, episodios de intolerancia social y casos de sicariato por ajustes de cuentas entre la población civil.      

Recientemente, Medicina legal entregó un informe sobre los resultados que en cuestión de muertes ha dejado este primer semestre del año, y las cifras son para pensarlas a fondo:

11.447 muertes violentas, de las cuales 6.333 son homicidios, una cifra escandalosa considerando que son los datos apenas del primer semestre y que una cifra como esta puede ser el equivalente a la población total de uno de nuestros municipios. Desagregando un poco más los datos, los homicidios representan más del 50% del total de las muertes violentas, seguido de las muertes por accidentes de tránsito con casi el 27%, las muertes violentas accidentales con un valor cercano al 11% y los suicidios que alcanzan aproximadamente el 8%.

También esta realidad tiene una connotación de género muy grave. Mientras que los homicidios son la causa principal de muerte en hombres, los casos de lesiones personales y violencia interpersonal afectan principalmente a mujeres y niños, esto haciendo énfasis en que según el informe la edad más trágica en el periodo esta entre los 20 y los 24 años, bastante baja por cierto.

El informe de logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad presentado por el Ministerio de Defensa en agosto del presente año establece que en lo corrido del año hasta agosto solo hubieron 210 muertos en combate de los diferentes grupos armados, 17 de las bacrim y 196 miembros de la fuerza pública, bastante bajos para las cifras generales.

Otro dato para reflexionar, Risaralda que tiene tasas de crecimiento poblacional inferiores a la media nacional, aporta a esta cifra el 2,96% de las muertes del primer semestre, con solo el 1,98% de la población nacional, lo que hace más dramático el resultado.

Las cifras reflejan la profunda enfermedad que es la violencia (a todo nivel) en la sociedad Colombiana, y con la que tenemos que lidiar seriamente si se quiere instalar a Colombia en el escenario económico y político mundial. Gran parte de la sociedad parece estar tan “anestesiada” ante la brutalidad de la violencia actual, que prefieren que prosiga el conflicto armado con todo y sus horrores, a tener que hacer concesiones a un grupo armado que el gobierno en 50 años no pudo vencer, con todo y lo que esto significa como el reclutamiento de niños, la construcción de campos minados, la destrucción de la selva para el cultivo de coca y marihuana, entre la larga lista de etcéteras que existen.

Tenemos mucho que mejorar como colectivo de sociedad, pero también en forma individual, porque al largo espiral de etcéteras de la violencia debemos agregar la violencia contra los animales, contra el medio ambiente, al conducir en la vía con los peatones y con los otros conductores e incluso contra el mismo estado que construimos al tratar de saltar todas las leyes que nos regulan haciendo que siempre la ley literalmente sea para los de ruana.


El boletín Forensis 2013 esta disponible en la web a través de la página de Medicina Legal.

Tambien pueden consultar el documento "Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad - PISDP - Agosto 2014" del Ministerio de Defensa disponible en la web.

La perla del Otún - Pereira, capital de Risaralda


Parque de los nevados vista desde la ciudad.

 Atardecer en el centro de la ciudad de Pereira

 Edificio de la Gobernación de Risaralda - patrimonio arquitectónico de la ciudad

 Zona de renovación urbana del centro de la ciudad de Pereira

 El típico Jeep, antes simbolo de pujanza de la caficultura Colombiana, ahora usado para ventas sitios estratégicos de la ciudad (Cafés al paso)

LOCOMOTORAS DE UN TREN QUE NO PASAN POR RISARALDA.

Con el anuncio del gobierno nacional de invertir 10 Billones de pesos en el sector de vivienda durante los próximos cuatro años, queda clara la política  que sobre la materia se llevará a cabo y se empieza a dilucidar el panorama en este sector. El anuncio incluyó 5 puntos básicos, así:

1.      La entrega de 100.000 nuevas viviendas gratis en ciudades intermedias.

2.      El apoyo a 100.000 familias, que ganen entre dos y cuatro salarios mínimos para compra de vivienda (20 millones de subsidio entre apoyo a cuota inicial y amortización de intereses).

3.      La figura de leasing habitacional para quienes pagan arrendo pero algún día esperan adquirir vivienda.

4.      130.000 subsidios a la tasa de interés para clase media.

5.      86.000 viviendas para el programa VIPA de subsidio a la adquisición de vivienda para familias con ingresos no mayores a los dos salarios mínimos.

El gobierno Colombiano sigue apostando a la construcción como un pilar fundamental de su política de expansión económica para los próximos años. Una política agresiva en este aspecto podría ayudarle a sostener el crecimiento económico nacional toda vez que emergen dos serios riesgos en el escenario global; por un lado el fin de la política expansionista de la FED que dejará de inyectar dólares en la economía debido a las señales de recuperación de la economía Norteamérica a pesar de mantener sus tasas de intermediación casi en cero, y por otro la una tentativa desaceleración de la economía china que ya está afectando los precios de los principales comodities energéticos como el petróleo (principal exportación de Colombia) y que ya ha registrado una seria baja en su cotización.

El sector minero energético puede aportar una gran dinámica a la economía y soportar el aparato productivo nacional a la vez que ayudan a la generación de empleo y el financiamiento de la política social del estado, sin embargo es peligroso darle un papel protagónico debido a las múltiples variables externas que lo pueden afectar, además de los impactos ecológicos que tiene para nuestro territorio.

La construcción también puede apoyar una expansión del producto interno bruto por su capacidad para jalonar otros sectores económicos y los altos déficits de vivienda acumulados por el país hasta el momento. Esta política podría ayudar a mantener un nivel aceptable de crecimiento económico en momento en que la mayoría de las economías de Suramérica se están desacelerando  y presentan panoramas complejos en el futuro cercano.

No obstante, estas dos locomotoras pueden tener efectos adversos al interior de los territorios y aunque aporten al crecimiento económico, poco aportarían al desarrollo de economías locales más fuertes. Por un lado, la minería indiscriminada no solo puede tener efectos negativos en los ecosistemas como la contaminación de fuentes hídricas, el encarecimiento de los terrenos, el cambio del uso del suelo e incluso conflictos sociales por el producido de estas vetas en donde como ya se ha visto en algunas partes del país, se constituyen unos grupos de interés que terminan por operar en la ilegalidad, e incluso financiando grupos al margen de la ley. Por otro lado, el impulso de sectores intensivos en mano de obra como la construcción, si bien es cierto que ayudan a mejorar indicadores de empleo, además de beneficiar a algunas familias, poco aportan al necesario proceso de destrucción creativa que requiere la economía colombiana para insertarse en el sistema económico mundial, fomentan la expansión de los centros urbanos propiciando las condiciones para una mayor migración del campo y subsidian una industria que ha dado muestras de ser ineficiente, e incluso se puede terminar beneficiando a oligopolios locales que acaparan las tierras construibles y alteran los costos reales de la construcción generando una burbuja inmobiliaria.

Estos dos sectores, poco aportan a la generación directa de una dinámica empresarial que cambien la estructura primario exportadora de la mayoría de los territorios, al mejoramiento de su productividad y a la generación de ventajas competitivas que nos lleven a multiplicar tanto el comercio interior, como el comercio exterior y creen las condiciones de vida necesarias para nuestra población. Incluso hoy cuando el país tiene un crecimiento amplio y sostenido, nuestro departamento es uno de los más afectados por el desempleo, tiene una estructura empresarial espuria y siguen siendo pan de cada día la migración forzosa y el subempleo, sectores estratégicos reciben apoyos que no pasan de pequeños subsidios y no se fomentan la verdadera transformación productiva.

Risaralda cuenta con las capacidades para crear todo un polo de desarrollo en el centro del país, soportado en una caficultura de valor agregado, una industria turística multifacética, un sector de servicios importante y un aparato industrial robusto, sin embargo requiere un impulso del gobierno central que permita generar las condiciones adecuadas para su desarrollo, no de cortos estímulos que terminan por ser paliativos a una realidad que supera dichos apoyos.