EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA DEL POSCONFLICTO

Hace algunos días salió a la luz pública a través de medios noticiosos, una iniciativa del Concejo de Bogotá en pleno de buscar por intermedio de mecanismos de participación popular contemplados en la ley 134 de 1994 (recolección de firmas) la eliminación del servicio militar obligatorio en nuestro país, esta iniciativa fue inmediatamente apoyada por organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y civiles.

La iniciativa, propone la alternatividad de prestar un servicio social obligatorio para hombres y mujeres como sustituto de forzoso servicio militar obligatorio establecido en la constitución política de 1991 en su artículo 216 (Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas).

Pero el concepto de servicio militar obligatorio no inicia con la constitución de 1991, sus inicios se remontan a la ley 167 del 31 de diciembre de 1896, que en su artículo uno contempló: “Todo ciudadano Colombiano comprendido entre los veintiuno y los cuarenta años de edad está obligado a prestar el servicio militar en el Ejercito activo y en las reservas o milicias…”, sin contar los múltiples cambios registrados entre esa primera iniciativa de 1896 y la definición vigente en la Constitución de 1991

Actualmente el servicio militar obligatorio es reglamentado por la ley 48 de 1993 con ajustes de forma en leyes 1106 de 2006, 548 de 1999, 642 de 2001, 1184 de 2008  y los decretos 2150 de 2006, 128 de 2003, 2124 de 2008, 0019 de 2012, 2048 de 1993, así como la sentencia C-879 2011. Lo anterior no tendría mucha relevancia si no fuera porque Colombia ha estado buscando la paz literalmente, casi desde el mismo momento en que se cristalizó su independencia como Colonia de España, pero ha sido un país en constante conflicto con numerosas guerras fratricidas durante sus primeros años como nación y en su conformación de república y más marcadamente en los últimos 50 años con el nacimiento de múltiples iniciativas insurgentes y la combinación de estos intereses con la producción y tráfico de sustancias narcóticas como medio de financiación para grupos de interés con fines de beligerancia.

El gobierno actual se ha propuesto como meta lograr la firma de acuerdos de fin del conflicto y dejación de armas por parte de los grupos insurgentes a cambio de proceso de negociación donde se logren los cambios necesarios para subsanar los motivos que generaron el levantamiento en armas y un retorno digno a la vida civil por parte de los combatientes, en el entendido que es más costoso para el país seguir en guerra que firmar “acuerdos de paz” con prerrogativas que detendrían el derramamiento de sangre y demandan ingentes cantidades de recursos tanto económicos como humanos,

En este contexto, y como parte de la preparación para lo que significará el Postconflicto y el inicio de un proceso de pacificación de la sociedad Colombiana se hace necesario poner algunos temas en debate y con el debido rigor sentar posición respecto de ellos.

El servicio Militar obligatorio es una forma que tiene cualquier estado para proveer a sus fuerzas militares del suficiente pie de fuerza para afrontar cualquier amenaza a la que se enfrente dentro o fuera del territorio, y presenta tanto ventajas como desventajas, como principal ventaja se puede aducir que es una forma económica de mantener un nivel alto de tropas, es un servicio obligatorio en donde no se reconoce un salario como tal por cada combatiente y se puede centrar la inversión solo en los aspectos más relevantes de las operaciones como entrenamiento y equipos, así como la logística necesaria. Como desventaja principal se puede exponer que el nivel de entrenamiento que puede recibir un combatiente antes de ser útil dado que su tiempo en las filas es perentorio es bajo si se espera que sea productivo y que además esto le da una alta vulnerabilidad frente a combatientes de los grupos armados que normalmente llevan más tiempo en el teatro de operaciones y lo conocen mejor. Pero no me centraré en el aspecto técnico inherente a las fuerzas armadas, lo cierto es que desde hace ya algún tiempo el estado se percató que era más adecuado llevar soldados profesionales al campo de combate, mejor entrenados y equipados, altamente motivados y no llevar jóvenes que cumplen mayoritariamente un servicio no voluntario y que asumían múltiples riesgos que la mayoría de las veces les generaban secuelas de por vida.

Como es de países en conflicto permanente como Israel el servicio militar obligatorio, y no de países en postconflicto como lo quiere ser Colombia, viene entonces a tomar fuerza el debate sobre la conveniencia continuar obligando a nuestros habitantes a cumplir un servicio militar, exponiendo jóvenes poco entrenados en zonas donde las fuerzas insurgentes se camuflan con la población local que mantiene amedrentada, o si por el contrario se profesionaliza toda la fuerza de cara a un postconflicto con problemas de orden público cada vez más localizados pero a la vez más peligrosos, donde la línea entre narcotráfico, empresa criminal y grupos alzados en armas es cada vez más invisible, generando secuelas físicas y psicológicas en nuestra juventud; más aún si como se espera que suceda, la firma de acuerdos de fin de conflicto nos obligue también a replantear el tamaño de las fuerzas militares y su distribución en el país contemplando que el remanente de dichos grupos que no se desmovilice serán en la práctica “bandas criminales”.

Según el documento del Ministerio de Defensa “Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad”  publicado el mes de agosto de este año, el número de miembros de la fuerza pública asesinados en actos de servicio en el año 2013 fueron 361 y en lo que va del presente año hasta el mes de agosto ya son 196. De estos, en el 2013 fueron 193 soldados y en lo corrido del año hasta agosto son 109 soldados, lo que demuestra el alto nivel de peligrosidad que implica para un joven colombiano sometido a cumplir un servicio obligatorio al estado por el modus operandi de los bandidos que se valen de múltiples estrategias incluso usando armas y métodos condenados por la convención de Ginebra.

En cuanto a heridos en combate, durante del año anterior, fueron 1.848 miembros de la fuerza pública de los cuales en el periodo enero-agosto 546 fueron soldados, y en lo corrido de este año hasta el mes de agosto ya van 1.398 miembros de la fuerza pública heridos, y de estos 295 son soldados. Sin hacer eco del número de estos heridos que son víctimas de minas antipersona, todos estos soldados, en su mayoría jóvenes de bajos recursos que quedaran con secuelas de la guerra en una nación que aspiramos a que se pacifique y pueda lograr niveles adecuados de convivencia y prosperidad.

Ya es abultado un pie de fuerza pública entre policía y militares de 455.461 miembros según                 para un país como Colombia, que solo es superado en el continente por Estados Unidos, y es necesario empezar a debatir cómo se reacomodará la fuerza pública de cara a un futuro postconflicto en donde necesariamente, como se ha visto hasta el momento, la desmovilización hace estragos en la seguridad de las ciudades y se reduce el accionar en las áreas rurales y selváticas.

En el año 2013, en Colombia se presentaron 14.782 homicidios, y las muertes causadas directamente por los efectos del conflicto armado no superan el 1% de dicha cifra, lo que indica que la pacificación del país pasa también por aspectos altamente simbólicos que demuestren a esta sociedad que es hora de cambiar de actitud frente a la vida y frente a los demás ciudadanos de este territorio, promoviendo el respecto, la tolerancia y la colaboración mutua como medio para sacar adelante a Colombia, acaso por esto no es hora de terminar con un servicio militar obligatorio que promueve la solución armada por encima de la negociación?, no es una forma de dar señales adecuadas a la sociedad, dejar en manos de soldados profesionales dedicados exclusivamente a esta labor la protección de la soberanía nacional?, no es más altruista y constructivo permitir que mediante otros servicios comunitarios obligatorios para todos (hombres y mujeres) se retribuya a la sociedad y al estado y se aporte a la solución de la gran cantidad de desigualdades que nos deja esta larga y cruenta guerra intestina?.